El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, explicó que se dirigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) para que “vuelva a tomar cartas en el asunto” de la detención de Milagro Sala, para que el gobierno de Jujuy deje de “hostigar” a las dirigente social y la Corte Suprema se expida sobre las irregularidades que se denunciaron en las causas que se le siguen a la líder de la agrupación Tupac Amaru.
“No tenía otra alternativa que hablar sobre Milagro Sala ante la Corte-IDH para que vuelvan a tomar cartas en el asunto. Ellos ya emitieron sus dictámenes, y obligaron a la justicia de Jujuy a trasladar a Milagro a un sistema de detención domiciliario. Ahora hay que reforzar eso para que pongamos fin a esta situación y para que el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy descanse su hostigamiento y la Corte Suprema se exprese al respecto”, dijo Raimundi en declaraciones para AM750.
El pasado 30 de junio, Raimuni se presentó ante la Corte Interamericana para alertar sobre la situación de Milagro Sala para pedir “el mayor respaldo posible” de esa instancia supranacional frente a la situación de salud que afecta a la dirigente social jujeña y “la irregularidades” que existen en su caso.
Sala se encuentra detenida desde enero de 2016 sin condena firma y se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras se resuelve un requerimiento del Ministerio Público Fiscal de la provincia para que vuelva a prisión.
La principal referente de la Tupac Amaru aguarda una resolución de la Justicia de Jujuy en una clínica de la capital provincial, donde es atendida por una trombosis venosa profunda, y la semana pasada recibió la visita del presidente Alberto Fernández, quien se manifestó preocupado por la situación que vive.
En tanto, la Corte Suprema tiene pendiente desde marzo de 2020 la apelación de Milagro Sala a una condena a 13 años, dictada por la Justicia jujeña por presunta defraudación de fondos públicos.
De qué se la acusa
Se trata de la causa conocida como “Pibes villeros”, en la que la dirigente social es acusada de encabezar una asociación ilícita con funcionarios provinciales y cooperativistas para defraudar al Estado. Por esta causa Sala fue condenada a 13 años en primera instancia y la decisión fue confirmada luego por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy y por la Cámara de Casación Penal.
Por tratarse de un expediente con sentencia, la Corte aceptó el recurso de queja y el compromiso de fallar, aunque el máximo tribunal no tiene plazos para expedirse.
“Cuando recurrimos a la Corte-IDH no queremos que actúen desde afuera, sino que respalden las decisiones soberanas del país. Por eso invité a su presidente (el uruguayo Ricardo C. Pérez Manrique) para que visite Jujuy y compruebe las tremendas irregularidades que suceden en esa provincia”, expresó el embajador argentino ante la OEA.
En este sentido, para Raimundi hay una disputa entre “una democracia que busca soberanía popular y un sector concentrado que, en la Justicia, se expresa a través del lawfare”.
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