El juez que investiga el espionaje al presidente y varios miembros del Gobierno español llamó a declarar como testigos a los ministros de Defensa e Interior, en el marco de las indagaciones que está realizando por este caso de vigilancia con el programa informático Pegasus.
El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción en Madrid, acordó “tomar declaración como testigos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles”, cuyos teléfonos fueron infectados con Pegasus, indicó la corte en un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP.
El magistrado ya tomó declaración al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, muy próximo al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y solicitó viajar a Israel para interrogar al director ejecutivo de la compañía NSO Group, creadora de Pegasus, una petición que debe ser aprobada por las autoridades israelíes.
El juez abrió su investigación tras la denuncia formulada por el Gobierno español en mayo, por el espionaje con Pegasus a los teléfonos de Sánchez y de varios de sus ministros.
El ejecutivo aseguró que se trataba de un “ataque externo”, pero que no sabía quién estaba detrás.
Varios medios españoles señalaron entonces a Marruecos, que atravesaba una compleja crisis diplomática con España cuando se produjeron los hechos.
Adicionalmente, el juez Calama pidió al Gobierno “desclasificar los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados” por los testimonios que darán los ministros de Defensa e Interior, agregó el comunicado.
El escándalo explotó el 18 de abril cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, publicó un informe que identificaba a más de 60 independentistas cuyos teléfonos móviles habrían sido atacados entre 2017 y 2020 con el software israelí.
Poco después, el Gobierno admitía que había sido espiado en mayo y junio de 2021 con este programa.
Los servicios secretos españoles reconocieron haber vigilado con autorización judicial a 18 independentistas catalanes.
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