Se presentó el proyecto de Ley en la Legislatura porteña por varias organizaciones ambientales, políticas y sociales para “declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación”. Es sobre el terreno de 70 hectáreas de Costanera Sur, conocido como “Ex Ciudad Deportiva de Boca” hoy en propiedad de la empresa IRSA que quiere construir un complejo de edificios.
El proyecto es impulsado por varias organizaciones, entre ellas están el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la Defensoría de los Laburantes y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Capital.
La coordinadora de CLIC, María Koutsivitis, comentó cómo qué dice el texto de la presentación: “El proyecto, presentado por más de 200 espacios colectivos y con el apoyo de más de 2.000 firmas, propone destinar este predio a una nueva reserva ecológica. Esto le aportaría un importante pulmón verde a Buenos Aires, una de las ciudades con menos superficie verde por habitante en el mundo”. Y agregó que la nueva reserva “permitiría preservar y recuperar el humedal costero y afrontar las amenazas de origen natural, es decir las inundaciones y las olas de calor”.
Ella misma, Koutsovitis, fue la que presentó el proyecto en la legislatura, pero cuenta con la adhesión colectiva de unas 200 agrupaciones y la firma de más de 2.000 ciudadanos y ciudadanas porteñas.
Uno de los argumentos de las organizaciones es que la parcela del Grupo IRSA, en la Costanera Sur de la ciudad, se ve afectada por el artículo 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece que “el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad”.
Exactamente, el predio se encuentra al sur de la Reserva Ecológica existente, al lado del barrio popular Rodrigo Bueno y frente a la urbanización Puerto Madero.
Asimismo, en la propuesta argumentativa de las las organizaciones también citaron dos artículos de la Constitución porteña: el número 8, que dispone que los “espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación”, y el 27, que establece la “protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común”, por su importancia para el cuidado del medio ambiente.
Por estas consideraciones y otras normas, las organizaciones pidieron que se declare la “nulidad de todo convenio urbanístico que habilite la construcción privada sobre la parcela y la destrucción del actual humedal”.
Sin embargo, desde la Legislatura porteña se prevé una aprobación para cambiar las normas urbanísticas del predio, habilitado solo para actividades deportivas, y habilitar allí un conjunto de edificios que con formarían la urbanización promovida como “Costa Urbana”. Sería a través de un convenio entre el Grupo IRSA, encabezado por Eduardo Elsztain, y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
En tanto, la coordinadora de CLIC, Koutsovitis, comentó sobre esta situación “El proyecto presentado por el Gobierno porteño para construir torres de 145 metros de altura en el predio que iba a ser históricamente destinado a una Ciudad Deportiva, es la síntesis de un absurdo ambiental”. Y explicó que “los consensos globales en el marco de la crisis climática definen la importancia estratégica de recuperar los bordes costeros para mitigar el ascenso del nivel de las aguas, para recuperar y preservar los humedales y también para generar biocorredores que ingresen desde la costa y atenuar el efecto de isla de calor urbano”.
Esta aprobación se encentra interrumpida, debido a una resolución de la justicia porteña de primera instancia que determinó, haciendo lugar a una acción de amparo presentada por el ODC y otras organizaciones, que primero debe hacerse un estudio de impacto ambiental. Ante este conflicto judicial, el bloque oficialista en la Legislatura (Vamos Juntos) decidió “reservar el expediente en secretaría” del convenio a la espera de mejores condiciones para su tratamiento.
Finalmente, la portavoz del proyecto consideró que la propuesta de IRSA y el Gobierno porteño va “a contramano del mundo”, ya que “va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la ciudad y va a generar un conjunto de impactos negativos en relación al impacto del sol, a los vientos y al escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas”.
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